Urge legalización de las drogas 21 DE SEPTIEMBRE 2016
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto con la propuesta de una nueva manera de tratar los temas relacionados con la mariguana lleva meses congelada en el Congreso y pasa lo mismo que otras iniciativas en torno a la problemática de las drogas. Después de relevantes debates en el Senado y la discusión que promovió la presidencia de la República todo sigue igual.
El hecho es que mientras las iniciativas, con propuestas específicas que gozan de consenso entre los especialistas, se han guardado en espera de “mejores tiempos políticos”, en la lógica de los partidos representados en el Congreso, los números de la violencia crecen y la actividad de los grupos del crimen organizado se mantiene en altos niveles de intensidad. El que ahora la legalización no sea un tema de la agenda pública no la hace menos necesaria.
Los que fueran presidentes de Suiza, Ruth Dreifuss; Chile, Ricardo Lagos, y Nigeria, Olusegun Obasanjo recientemente dieron a conocer un texto (Reforma 07.09.16) donde recuerdan que en abril pasado la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS en inglés) “demostró claramente que los consensos basados en la prohibición de las drogas y los enfoques punitivos, que llevan décadas, han fracasado”.
Y lamentan que a pesar de eso “desafortunadamente, en vez de proponer soluciones innovadoras, el documento de resultados de la UNGASS continúa manteniendo estrategias prohibicionistas” y afirman que “el tráfico de drogas y el mercado negro criminal (que tiene un valor de 320,000 millones de dólares y alimenta la violencia, la corrupción y la inestabilidad) son, hasta cierto punto, una consecuencia directa del sistema internacional del control de drogas”.
Los expresidentes proponen que “las políticas de drogas basadas en evidencia, incluyendo la regulación de los mercados de drogas, son el camino a seguir. Porque mientras siga existiendo un mercado negro billonario; mientras que los usuarios y los actores de menor escala en el mercado sean criminalizados y encarcelados; y mientras que el crimen organizado tenga acceso a este atractivo flujo de ingresos, el control de las drogas continuará causando estragos en nuestra sociedad”.
Y añaden que “la estrategia más simplista es continuar sin reflejar las fallas de las décadas de la guerra contra las drogas. El día de hoy es tiempo de reconocer que mientras fallamos en abordar a las drogas correctamente, respetando los derechos humanos y concentrando nuestros esfuerzos en el crimen organizado, el abuso de las drogas y el tráfico ilícito jamás serán vencidos”. En México nunca se va a resolver el problema del crimen organizado mientras no se enfrente, en serio, el tema de la legalización-regulación de las drogas.
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20 DE SEPTIEMBRE 2016
La gran mayoría de los ciudadanos conocen poco sobre el comportamiento del ingreso de las divisas al país. Hay ideas fijas o incluso mitos que no corresponden con la nueva realidad.
Muchos siguen pensando, por ejemplo, que el petróleo es el principal generador de las mismas y no imaginan que la industria manufacturera es, con mucho, el principal motor de éstas.
En el primer semestre del 2016, de acuerdo al Banco de México, el primer lugar lo ocupan las exportaciones automotrices (carros y autopartes) que generaron 54,798 mil dólares de divisas. De seguir así, al terminar el año por esta actividad industrial van a ingresar por lo menos 109,596 millones de dólares. Lo más probable es que supere los 120 mil millones de dólares.

La inversión extranjera directa, el segundo lugar, asciende en este tiempo a los 14,385 millones de dólares. Si ésta se comporta de la misma manera en el segundo semestre, al final del año ascenderían a los 28,779 millones de dólares.

El tercer lugar lo ocupan las remesas con 13,156 millones de dólares. Se espera que al final del año alcancen por lo menos 26,312 millones de dólares. Es muy posible que la cantidad sea mayor por que ante el precio del peso, los migrantes deciden mandar más dólares.
El turismo, el cuarto lugar, en el primer semestre ingresó 10,063 millones de dólares. Las expectativas son que en el segundo semestre se van a generar todavía mayores niveles de divisas. Lo menos que se espera son 20,126 millones de dólares. Especialistas anotan que en poco tiempo este sector va a generar más divisas que las remesas.
Las exportaciones petroleras que en otro tiempo ocuparon un mejor lugar, ahora están en el quinto sitio como generador de divisas. En el primer semestre el sector aportó 8,103 millones de dólares. Y al final del año se espera que a lo más podrán ser 16,206 millones de dólares.
La agricultura, que ocupa el sexto sitio, ha crecido de manera espectacular como generador de divisas en los últimos años. En el primer semestre aportaron 7,906 millones de dólares y al final del año se espera que al menos lleguen a los 15,812 millones. Lo más factible es pensar que andarán muy cerca de los 30,000 millones y que incluso puedan superar a los ingresos petroleros.
El comportamiento de los sectores productivos del país ha vivido cambios importantes en los últimos años y con ellos también el campo de las divisas. Actividades que solo algunos años atrás no contaban, ahora son muy significativas y otras han dejado de tener el papel que mantuvieron por años.
19 DE SEPTIEMBRE 2016
En la ejecución de la política pública se le asignan recursos financieros a lo que se quiere suceda. Eso define las prioridades. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que el Ejecutivo federal acaba de mandar al Congreso para el 2017, no se contemplan los recursos necesarios para echar andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como lo hace notar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con MCCI, el proyecto de presupuesto no contempla recursos para dos nuevas instituciones del SNA: la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, y se plantean recortes en dos instituciones clave para inhibir y sancionar la corrupción. Desde que inició el sexenio, la propuesta presidencial contempla el presupuesto más bajo asignado a la Secretaría de la Función Pública (SFP). En términos reales, recibirá 6.2% menos que en el 2016.
La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, que está adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), se encarga de la persecución penal de delitos de corrupción y es la base sobre la que se va a crear la fiscalía especializada en combate a la corrupción. En el 2017 se propone un presupuesto igual al del 2016, a pesar de que ahora cuenta con mayores responsabilidades y requiere una mayor especialización de los ministerios públicos, según MCCI.
En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el responsable de sancionar las faltas administrativas graves, el gasto crece 3.5% en términos reales. La Auditoría Superior de la Federación tiene un aumento de 6.4 por ciento. De aprobarse el proyecto de presupuesto, dice MCCI, las cinco instituciones del Comité Coordinador recibirán, en términos reales, 2.2% más recursos que en el 2016, incremento insuficiente para lograr los objetivos de la reforma anticorrupción.
María Amparo Casar, especialista en la problemática de la corrupción y presidenta ejecutiva de MCCI, afirma que “la intención del Ejecutivo para echar a andar el SNA debió plasmarse en el proyecto de presupuesto. No destinar suficientes recursos al combate a la corrupción pone en riesgo su puesta en marcha”. Para el Ejecutivo federal, de acuerdo con el proyecto de presupuestos, fortalecer el nuevo SNA no resulta una prioridad.
Los partidos representados en el Congreso pueden modificar la propuesta presidencial y destinar los recursos que necesita el SNA para arrancar con toda la fuerza que requiere. Con su decisión pueden hacer evidente que ellos sí tienen la voluntad política para que el conjunto de leyes e instituciones que integran el SNA se hagan realidad plena. Uno de los mayores reclamos de la sociedad es la lucha contra la corrupción. Ahora, la decisión está en manos del Congreso.
Ixcanul
13 DE SEPTIEMBRE 2016
Días atrás se dio a conocer el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 2015, con cifras hasta el último día del año. el total de éstas asciende a las 27,887, de ellas 26,898 corresponden a casos del fuero común y 989 al del fuero federal.
El 61.5% de las personas desaparecidas o no localizadas del fuero común se concentran en seis estados: En Tamaulipas, 5,622 personas, el 20.9%; en el Estado de México, 2,774 personas, el 10.3%; en Nuevo León y en Jalisco, 2,230 personas en cada estado que es el 8.3% en cada uno; en Sinaloa, 1,848, el 6.9% y en Chihuahua, 1,823, el 6.8 por ciento.
La mayor parte de los desaparecidos se concentra en la zona fronteriza del norte de México, por donde cruza la droga a Estados Unidos, y en regiones del centro y centro-norte. Es menor en el sur y sureste del país.
De las personas desaparecidas o no localizadas del fuero común 19,714, el 73.3% son hombres y 7,184, el 26.7% mujeres. El 92%, 24,734, son de nacionalidad mexicana; el 0.5%, 138, extranjeras: del 7.5%, 2,026, no se conoce su origen.
En 2014, cuando la SEGOB hizo oficial la base de datos de las personas desaparecidas o no localizadas el número registrado de éstas ascendió a 26,121. Los números no han variado cuando ahora son 26,898 los casos del fuero común.
Un dato poco conocido y al que en raras ocasiones se hace mención es que en 2015, el número de los reportes de personas localizadas asciende a las 46,107, de las cuales 43,795, el 95 por ciento, se encontraron con vida. Estas cifras son semejantes a las de años anteriores.
En el primer semestre del 2016 se abrieron 2,325 averiguaciones nuevas del fuero común de personas desaparecidas o no localizadas. Es posible, que al final del año el total de estas personas llegue a un poco más de 4,000. Y es probable que el número total del 2015 se acreciente.
El informe anual está elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
12 DE SEPTIEMBRE 2016
La ley debe de garantizar los mismos derechos a los matrimonios entre un hombre y una mujer y los integrados por personas de un mismo sexo, sean hombres o mujeres. Por lo mismo, apoyo la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para que la ley reconozca plenamente a estos últimos.
El pasado sábado el Frente Nacional por la Familia organizó marchas en 110 ciudades del país para manifestar su desacuerdo con esa iniciativa. En su concepción, la ley sólo debe de reconocer un tipo de matrimonio y de familia, la formada por un hombre y una mujer.
Todos Somos Familia, otra organización, sostiene que la ley debe reconocer el matrimonio entre personas de un mismo sexo y dar lugar a la existencia de diversos tipos de familias, como ya se reconoce en muchos ambientes. En su actividad condena las marchas organizadas por el grupo anterior.
En una democracia, todas las posiciones, se esté o no de acuerdo con ellas, tienen derecho a manifestarse y a expresarse. No se puede descalificar al otro sólo porque no piensa como yo. La intolerancia y los dogmatismos, de cualquier signo, no deben tener lugar.
Bienvenido el debate y la discusión, bienvenido que cada quien exprese lo que piensa y esto incluye a las iglesias. De lo que dicen las personas, los grupos y las instituciones, éstas se hacen cargo y se someten al juicio de la ciudadanía. Ésta es quien decide sobre la justeza o no de las posiciones.
La democracia debe defender la pluralidad e impedir la existencia del pensamiento único. Debe abrir el espacio del debate con razones y argumentos. Debe también garantizar los derechos plenos de los grupos minoritarios en la sociedad.
En los últimos años, la investigación científica demuestra de manera contundente que hay hombres y mujeres que desde su nacimiento tienen distinta orientación sexual. No se trata de una anomalía o trastorno psicológico como algunos, desde posiciones ya superadas e insostenibles, lo quieren hacer ver.
La sociedad y las leyes deben dar respuesta a esta realidad. Son hombres y mujeres que merecen el respeto pleno a su dignidad y que exigen que el marco jurídico reconozca su situación y garantice sus derechos; entre ellos, la institución del matrimonio en condición igual al que se realiza entre un hombre y una mujer.
El Ejecutivo y el Legislativo no pueden decidir presionados por posiciones que no responden a los nuevos datos de la investigación científica. Y deben también dar lugar, en el marco de una política de inclusión, a las y los que son diferentes. En su decisión están obligados a dar razones y argumentar, para tratar de convencer siempre respetando a los otros, pero sin ceder.
El respeto a la dignidad y los derechos plenos de todas y todos los ciudadanos, también de los diferentes, que nos enriquecen con su forma de ser, no está sujeto a la popularidad de la medida. La justicia y la ampliación de los derechos de la persona no se someten al voto de la plaza pública, se garantizan.
07 DE SEPTIEMBRE 2016
El 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto, en la reunión que tuvo con los jóvenes, respondió a pregunta expresa sobre el porqué de sus bajos niveles de aceptación que “pueden estar seguros de que cumpliré con mi responsabilidad, sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos”.
Surge la pregunta a partir del hecho de que el presidente a lo largo de su sexenio tiene muy bajos niveles de aceptación. Las últimas encuestas lo sitúan entre 24 y 27 por ciento. Así, el rechazo ronda entre 76 y 73 por ciento. Y la calificación en torno a 3.4 sobre 10.
La respuesta puede tener dos lecturas; la de un presidente dispuesto a sacrificarse en el cumplimiento de su deber, consciente de que las decisiones que toma e impulsa son las que requiere el país aunque la ciudadanía no las entienda, a pesar de que son por su bien, y por eso califica de manera negativa a su presidente.
Otra lectura posible es la falta de sensibilidad de un presidente que no escucha a la ciudadanía que se manifiesta en contra de lo que considera es un gobierno que no responde a sus expectativas y que no actúa en el marco de lo que ella considera son valores fundamentales en el ejercicio de la función pública.
La manera que los gobernantes tienen de saber qué piensan de ellos y de su gobierno la ciudadanía son las encuestas y los grupos de enfoque. Las primeras ofrecen información cuantitativa y los segundos cualitativa. Uno y otro de estos instrumentos se complementan. Son fundamentales para conocer, a detalle y en el tiempo, la opinión ciudadana.
En términos generales las encuestas y los grupos de enfoque manifiestan rechazo a la gestión del presidente y su gobierno por tres cosas: no presentan buenos resultados en materia de seguridad -el nivel de los asesinatos ha crecido-, porque aunque se ha generado trabajo consideran que los salarios son muy bajos y porque piensan que hay una gran corrupción en la gestión pública.
Desde el poder se puede argumentar que la ciudadanía está equivocada y que su percepción de lo que hace el presidente y su gobierno es injusta o incorrecta. Si es el caso, pienso es una mala valoración. El presidente sí debe estar preocupado de su popularidad y la de su gobierno. Eso exige ser sensible a la opinión de la ciudadanía y preguntarse sobre cuáles son las razones que ésta tiene para calificarlos así.
La tendencia a la caída de la popularidad o la imagen del presidente y su gobierno ha sido constante. Comenzó en 50% y en los primeros cuatro años ha perdido la mitad de esa aprobación. Es evidente que la ciudadanía no está de acuerdo con lo que hace el presidente y su gobierno, y tampoco con la forma que lo hacen. Si al presidente no le importa el cuestionamiento ciudadano no va a cambiar, y él y su gobierno seguirán a la baja en la imagen de la ciudadanía. No es un dato menor.
06 DE SEPTIEMBRE 2016
El monto de la corrupción en México equivale al 10 % del PIB, mientras que el promedio mundial es del 2 % aseguró el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en su participación en el Foro Empresarial Anticorrupción organizado por la COPARMEX, el pasado 17 de agosto en la capital del país.
Así, la corrupción en México es cinco veces más, 500 % mayor, de la que se registra en el promedio general. En América Latina, Venezuela es una nación con mayores niveles de corrupción que México. Almagro añadió que el país está entre las naciones menos transparentes del mundo.
Para combatir la corrupción planteó, entre otras cosas, la necesidad de que la declaración patrimonial de los funcionarios se haga pública y se le dé seguimiento. Y sostuvo que en los asuntos públicos debe seguirse el principio de la máxima publicidad en contrario de la máxima opacidad que caracteriza al sistema político mexicano.
El uruguayo reconoce que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un paso adelante en la dirección correcta, pero para ser eficaz debe aterrizar en instituciones fuertes que garanticen la aplicación de la ley. Los especialistas nacionales e internacionales coinciden en las bondades del SNA, pero son escépticos en su aplicación.
Los empresarios reconocieron que en el sector privado también hay corrupción. Y Almagro dijo sobre el tema que “independiente de las medidas que tome cada Estado, le corresponde a las empresas establecer mecanismos de control interno que permitan detectar y erradicar esta práctica”.
Desde hace tres años en todos los estudios de opinión, a nivel nacional y estatal, la lucha contra la corrupción está entre las tres prioridades que señala la ciudadanía debe enfrentar el gobierno. Las otras dos son lucha contra la violencia y la generación de empleo. Ahora, para la sociedad mexicana enfrentar la corrupción se ha convertido en un tema fundamental.
En la elección presidencial del 2018, la lucha contra la corrupción es el tema que va a marcar la agenda de las campañas. Los partidos tendrán que presentar candidatos de probada honradez. Quien no cumpla este requisito de entrada será perdedor. Estamos en presencia de un México distinto al de solo unos años atrás.
05 DE SEPTIEMBRE 2016
La sociedad mexicana está molesta y tiene sobradas razones para fundar su descontento y hartazgo. Este nivel de malestar no se había hecho presente en los últimos 50 años. En 1968 hubo claras manifestaciones de rechazo al gobierno que se concentró en sectores de las clases medias. La actual molestia cruza a todos los grupos sociales.
El actual humor social, como lo llama el presidente Peña Nieto, es expresión de una crisis terminal de un régimen político y social que se mantuvo por 100 años, pero que ya no da. La sociedad ya no acepta las claves en las que se construyó: el autoritarismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la corrupción, el cinismo y la frivolidad.
Un sector muy amplio de la clase política, particularmente de priistas, sigue actuando como lo aprendieron en el pasado. No se dan cuenta o no quieren hacerlo, porque no conviene a sus intereses que la sociedad sumisa y dejada del pasado ya no existe. El México que ellos imaginan quedo atrás.
Los políticos de cara a la nueva sociedad ya no pueden seguir sosteniendo el principio cínico, todavía lo hacen, de que “somos corruptos, pero eficaces” o “somos corruptos, pero sabemos hacer las cosas”. Ahora la sociedad, como siempre debió haber sido, sólo ve que son corruptos. No hay más.
En estos nuevos tiempos, la sociedad asume que los políticos pueden y deben ser honrados. Ésa es su obligación. Entienden también que los excesos y la frivolidad, propios de un sector amplio de la élite política, nunca debieron tener lugar. Un grupo de los políticos todavía asume que llegaron al poder, para vivir en el marco de una primitiva y vergonzosa frivolidad. El rechazo de la sociedad es evidente.
El paternalismo y el clientelismo político que fue tan eficaz en otros tiempos ya no opera como antes. La sociedad no acepta el tutelaje de los políticos a cambio de la dádiva. Ya no se asume como cliente que recibe prebendas a cambio del silencio, del acarreo y del voto. La sociedad ya no acepta el discurso cínico, tan propio de la clase política mexicana, de la doble moral.
La nueva sociedad ya no admite de los políticos el uso patrimonial del poder. Antes pensaba que no había de otra. Ahora la sociedad entiende que los servidores públicos están para servir y no para servirse del poder. La sociedad no admite el autoritarismo de los políticos. Les ha perdido el miedo. Las redes sociales actúan como un vehículo de denuncia y condena permanente al abuso del poder. Este desencuentro, cada vez más profundo, entre la nueva sociedad y los políticos, produce el humor social que hoy impera en el país. Se le puede ver de dos maneras: como algo negativo o como algo positivo. En todo caso es negativo para quienes han vivido del usufructo de un sistema político que vive sus últimos momentos, pero es positivo para quien quiere el cambio, porque revela la existencia de otra sociedad. Una más educada, consciente y participativa.
31 DE AGOSTO 2016
Si ahora fuera la elección presidencial del 2018 y los partidos fueran solos, el PAN tendría 27% de los votos; el PRI 22%; Morena 18%; el independiente 11%, el PRD 6%; el PVEM 5% y MC 3 por ciento. Los otros (Panal, PT y el PES) 8%, según la encuesta de Reforma (14.08.16) hecha entre el 4 y 7 de agosto. La tasa de rechazo es de 25 por ciento.
A nivel personal, Margarita Zavala, del PAN, tiene una intención de voto de 26%, cinco puntos más que hace tres meses; Andrés Manuel López Obrador, de Morena, 24%, dos puntos menos; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, 14%, tres puntos menos; Miguel Ángel Mancera, del PRD, 6%, dos puntos menos y Jaime Rodríguez, independiente, 6%, tres puntos menos.
En los ocho careos que hace Reforma, los resultados son los siguientes. En el primero, sin candidato independiente, empatan López Obrador y Zavala con 27%, Osorio Chong tiene 15% y Mancera 9%. En el segundo, con candidato independiente, Zavala tiene 26%, López Obrador 24%, Osorio Chong 14%, Mancera 6% y Rodríguez 6 por ciento.
Los careos tres, cuatro y cinco contemplan candidatos distintos del PRI y del PAN. En el tres, López Obrador tiene 26%, Ricardo Anaya 15%, Osorio Chong 15%, Mancera 8% y Rodríguez 7 por ciento. En el cuatro López Obrador tiene 27%, Zavala 24%, Eruviel Ávila 12%, Mancera 7% y Rodríguez 7 por ciento. En el quinto, López Obrador tiene 28%, Anaya 16%, Eruviel Ávila 12%, Mancera 7% y Rodríguez 8%.
En los careos seis, siete y ocho se contempla la alianza entre el PAN y el PRD. En el seis, Zavala tiene 26%, López Obrador 25%, Osorio Chong 15% y Rodríguez 9 por ciento. En el siete López Obrador tiene 29%, Anaya 15%, Osorio Chong 17% y Rodríguez 9 por ciento. En el ocho con dos candidatos independientes, López Obrador tiene 25%, Zavala 24%, Osorio Chong 18%, Rodríguez 7% y Mancera 7 por ciento.
El número de quien no vota por ningún partido pasa de 13 a 17% y el que no sabe por quién votar crece de 5 a 7 por ciento. Quienes no se identifican con ningún partido pasan de 30 a 38 por ciento. Los que se asumen como panistas crecen de 17 a 20 por ciento. Los como priistas se reducen de 25 a 20 por ciento. Los como morenistas pasan de 10 a 9 por ciento. Los como perredistas se reducen de 9 a 5 por ciento. Los como verdes pasan de 2 a 3 por ciento. Los de otros partidos pasan de 5 a 4 por ciento.
La tendencia a deslindarse de los partidos se traduce en que 66% de los encuestados está dispuesto a votar por un candidato independiente contra 28% que no lo haría y 8% que no sabe. Los encuestados de los independientes prefieren a Jorge G. Castañeda, 17%, a Pedro Ferriz, 16%, y a Jaime Rodríguez, 13 por ciento.
Ahora, las encuestas no gozan de la mayor fama. Se critica su falta de precisión al momento de acertar resultados. Los encuestadores aclaran que no hacen pronósticos sino registran momentos. Hay a quienes este tipo de encuestas les parecen ociosas, pero la información que ofrecen es indispensable para ver lo que sucede y tomar decisiones. Es evidente que mes con mes van a seguir ocurriendo cambios en los porcentajes, pero ya empiezan a configurarse escenarios.
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16/09/2016
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